Nuevas grabaciones difundidas por Latinus colocan nuevamente bajo cuestionamiento la relación entre la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, al mostrar presuntas conversaciones en las que ambos hacen cuentas sobre posibles ganancias derivadas de contratos del organismo electoral que alcanzarían hasta 15 millones de dólares.
En uno de los videos, fechado el 16 de febrero, se escucha presuntamente a Taddei y Hernández Casillas conversar sobre los recursos destinados a la producción de la credencial para votar, cuyo contrato contempla un monto máximo de 71 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente mil 300 millones de pesos, y tiene vigencia hasta 2031.
Durante la conversación, el empresario explica los porcentajes que, según sus cálculos, corresponderían a él y a la entonces titular del organismo electoral. En el intercambio también se mencionan posibles ganancias relacionadas con los servicios de autenticación y los códigos QR incorporados en las credenciales para votar.
Las grabaciones difundidas por Latinus presentan al empresario realizando cálculos sobre los recursos que podrían obtenerse de los contratos, mientras se refiere a la participación que tendría en los negocios relacionados con el Instituto Nacional Electoral.
En otro fragmento, Hernández Casillas habla sobre los contratos en los que tiene interés de participar y descarta involucrarse en determinados servicios, mientras manifiesta su intención de intervenir en el relacionado con la credencial para votar desde el extranjero.
La difusión de estos videos forma parte de las investigaciones periodísticas de Latinus sobre la relación entre Guadalupe Taddei y el proveedor, así como los presuntos beneficios económicos que podrían derivarse de contratos adjudicados por el INE.
El contenido de las grabaciones ha generado cuestionamientos sobre la posible existencia de acuerdos económicos vinculados con recursos públicos y la participación de proveedores en procesos de contratación del organismo electoral.
Hasta el momento, el material difundido constituye evidencia periodística de presuntas conversaciones, pero no acredita por sí mismo que las cantidades mencionadas hayan sido efectivamente entregadas ni que exista un reparto comprobado de recursos. La autenticidad de las grabaciones, el contexto completo de los diálogos y el eventual destino de los recursos deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes.
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