Consejeros quieren que se investigue todo el INE, no solo a Guadalupe Taddei

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) defendieron la decisión de ampliar el periodo de investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores electorales, al considerar que la revisión debe abarcar toda la historia del organismo y no limitarse a la gestión de la expresidenta, Guadalupe Taddei.

Los consejeros Arturo Chávez y Arturo Castillo aseguraron que la apertura de los archivos y la revisión de posibles irregularidades durante administraciones anteriores responde a un ejercicio de transparencia institucional, sin dedicatoria para algún funcionario o grupo político en particular.

La postura se produce después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y dirigentes de Morena exigieran que las investigaciones sobre los presuntos negocios de los Hernández Casillas con autoridades electorales se extendieran hasta la década de 1990, periodo en el que, según los señalamientos, habría comenzado esa relación comercial.

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En un primer momento, la propuesta para revisar posibles irregularidades contemplaba un periodo de 10 años; sin embargo, a partir de una propuesta del consejero Arturo Castillo, se decidió ampliar la revisión a todo el periodo en el que el INE tenga competencia para investigar.

Al explicar los motivos de esta modificación, el consejero Arturo Chávez sostuvo que la institución no debe tener nada que ocultar y que el derecho a la transparencia no puede restringirse a una etapa específica de su historia.

“La propuesta inicial fue de 10 años. Y después, a propuesta del consejero Arturo Castillo, se amplió a todo el periodo que tenga competencia. ¿Por qué? Porque justo decíamos: la institución no tiene nada que ocultar o no debe tener nada que ocultar en ningún momento de su historia. Y creo que el derecho a la transparencia no debe limitarse a un periodo, sino debe ser en todo el periodo que haya competencia para este caso”, explicó.

Chávez consideró que la revisión debe abarcar todos los antecedentes que puedan ser examinados legalmente, de manera que las investigaciones permitan esclarecer cualquier irregularidad sin dejar fuera periodos por razones administrativas o políticas.

Por su parte, Arturo Castillo rechazó que la ampliación del periodo de investigación responda a presiones o posicionamientos de otros actores políticos, incluida la exigencia de Morena y del gobierno federal para revisar los antecedentes de las relaciones entre proveedores y autoridades electorales.

El consejero afirmó que se trata de una decisión propia del Instituto, orientada a demostrar que existe disposición para someter sus actuaciones a una revisión amplia y recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Se han generado algunas quizás sospechas sobre por qué ampliamos el periodo. Es un ejercicio de apertura. No tiene nada que ver con las intenciones, los mensajes y los posicionamientos de otros actores políticos y de otras autoridades. Es exclusivamente una cuestión del Instituto, es decir, estamos abiertos a que se analice y que se investigue todo lo que se tenga que investigar. De lo que se trata es de recuperar la confianza ciudadana justamente”, señaló.

Castillo insistió en que la determinación no tiene destinatarios específicos y que la revisión debe servir para limpiar la institución, independientemente de quiénes pudieran resultar involucrados o de la administración en la que se hubieran presentado las posibles irregularidades.

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“No tiene dedicatoria. Es apertura. Se trata de limpiar la institución, finalmente, sea como sea”, expresó.

Con esta decisión, los consejeros buscan respaldar una investigación de mayor alcance sobre los antecedentes administrativos y las relaciones con proveedores electorales, en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los recursos del organismo.

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