Vivir más ya no es una aspiración lejana, sino una realidad demográfica que está transformando la economía internacional y que, en México, nos exige repensar el futuro económico y del trabajo.
A nivel global, la transición hacia sociedades más longevas avanza de la mano de una caída en las tasas de natalidad. México, que históricamente se había percibido a sí mismo como un país joven, está experimentando este cambio. Mientras a otras naciones les tomó siglos modificar su pirámide poblacional, nuestro territorio transita hacia una proporción cada vez mayor de adultos mayores en cuestión de décadas. Datos recientes del INEGI muestran cómo la población de 65 años o más va ganando terreno frente a las bases de la pirámide, impulsada por una esperanza de vida que supera ya los 74 años en hombres y roza los 80.5 años en mujeres.
Este fenómeno no es meramente una buena noticia sobre salud pública, es todo un reto estructural de proporciones mayúsculas para la economía, el capital humano y la sostenibilidad de los esquemas de seguridad social.
La edad de retiro y la expectativa de vida han cambiado considerablemente durante las últimas décadas. Mientras que los sistemas de pensiones se diseñaron bajo condiciones demográficas en las que las personas vivían relativamente pocos años después de jubilarse, hoy muchos pensionados disfrutan cada vez más años de retiro. Este fenómeno, sumado a la disminución de la natalidad y a una menor proporción de trabajadores activos por cada pensionado, ha generado una creciente presión financiera sobre los sistemas de pensiones en México y el mundo.
En México, la reforma de pensiones de 2020 estableció un incremento de las cuotas del seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, elevando progresivamente el costo de las contribuciones a cargo de los empleadores. Esto representa una mayor carga financiera para las empresas, que deben absorber el incremento de sus aportaciones sin que necesariamente exista un aumento equivalente en su productividad.
El reto ahora consiste en encontrar un equilibrio entre garantizar una vejez digna, asegurar la sostenibilidad financiera de las pensiones y evitar que el costo de financiar una población que vive cada vez más años recaiga desproporcionadamente sobre los empleadores y las nuevas generaciones.
Hoy nos topamos con la contradicción más grande del mercado laboral actual. El choque entre la necesidad macroeconómica de extender la vida laboral y la cruda realidad del reclutamiento corporativo abre un debate crítico y muy actual.
Por un lado, los gobiernos y las finanzas públicas exigen cotizar por más años y retrasar la edad de retiro porque las pensiones tradicionales son matemáticamente insostenibles ante poblaciones que viven más de 80 años, pero por el otro lado, las áreas de recursos humanos y las ofertas de empleo tradicionales operan con un sesgo inverso profundamente arraigado. En la práctica, muchas empresas descartan a las personas a partir de los 50 años bajo estereotipos sobre su adaptabilidad tecnológica, su energía o su costo salarial.
Plantear esta disyuntiva nos obliga a hacer una autocrítica desde el propio sector empresarial. No podemos exigir que la gente trabaje más años para sostener la economía, si las propias empresas seguimos cerrándoles las puertas en los procesos de reclutamiento por prejuicios de edad.
Para resolver el dilema de “vivir más”, las organizaciones tendrán que reinventarse hacia esquemas de talento intergeneracional, flexibilidad de horarios, aprendizaje continuo y desterrar de una vez por todas el mito de que la productividad tiene fecha de caducidad a los 45 años.
*- La autora es contadora pública especializada en seguridad social y presidente de COPARMEX Tijuana.
Fuente: El Imparcial