La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos hacia empresas, un despacho jurídico y una firma relacionada con el gobernador Samuel García y su padre.
En el informe de la Cuenta Pública 2025, correspondiente a la revisión del gasto de la entidad, la ASF incluyó un esquema que detalla las operaciones financieras realizadas desde el presupuesto estatal, las cuales, de acuerdo con la investigación, habrían permitido al mandatario adquirir una propiedad valuada en mil millones de pesos.
La denuncia contra la administración de Nuevo León fue presentada el 16 de octubre, según el registro publicado en el portal de la Auditoría. Al respecto, el auditor Aureliano Hernández explicó que en Nuevo León y Sinaloa identificaron posibles esquemas de triangulación y simulación de operaciones para transferir recursos públicos a personas y empresas vinculadas familiarmente con servidores públicos.
En el caso de Nuevo León, el informe entregado a los diputados detalla cuatro transferencias de recursos desde la administración estatal, de las cuales 928.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando. Para documentar las operaciones, la ASF incorporó un diagrama con la ruta del dinero.
De acuerdo con el esquema, el gobierno estatal transfirió 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, que posteriormente envió 5 mil 154.6 millones a otra empresa. Esta última habría entregado 385.3 millones de pesos al despacho jurídico. En otra operación, una comercializadora recibió 964 millones de pesos, de los cuales 237 millones fueron destinados a una empresa de alimentos que transfirió 202.9 millones al mismo despacho.
La Auditoría también identificó una transferencia de 243 millones de pesos a una empresa de servicios, que posteriormente pagó 65.5 millones a una consultoría. Esta firma conservó 2.6 millones y entregó el resto al despacho jurídico. Además, documentó otra operación por 154.2 millones de pesos hacia una empresa que realizó pagos por 144.4 millones a una compañía de equipamiento, de los cuales 77.03 millones terminaron en el despacho.
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Por otra parte, el informe incluye una investigación sobre un presunto esquema de triangulación de recursos durante el gobierno del exmandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La ASF detalló que distintas dependencias estatales y municipales adjudicaron contratos de obra pública a una constructora creada por los dos hijos del exgobernador, quienes participaron como accionista y administrador único y apoderado legal, respectivamente.
La revisión detectó que la compañía concentró “depósitos muy superiores a su obra pública y trianguló (fondos) entre cuentas propias”. Asimismo, señaló que transfirió recursos a los hijos de Rocha Moya después de que dejaron de formar parte de la empresa, quienes utilizaron parte de ese dinero para realizar pagos de “millones de pesos a un ex funcionario de finanzas por ‘pago de préstamo’”.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la FGR al gobierno de Nuevo León por la presunta triangulación de 7 mil 200 millones de pesos hacia empresas y un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre.
De acuerdo con la investigación, 928.13 millones habrían llegado a dicho despacho.
La ASF también identificó presuntas irregularidades en Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, relacionadas con contratos de obra pública adjudicados a una empresa de sus hijos.
— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 31, 2026
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