El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las investigaciones sobre una presunta red empresarial que habría obtenido contratos millonarios de organismos electorales durante más de dos décadas, y sostuvo que quienes hayan lucrado con la democracia y los recursos públicos deben responder ante la justicia.
A través de un posicionamiento fechado el 5 de noviembre de 2026, el mandatario sonorense expuso antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, a quienes señaló como principales operadores de una estructura empresarial que, según su versión, habría mantenido vínculos con el servicio público y posteriormente con instituciones electorales desde hace varias décadas.
Durazo señaló que los hermanos Hernández Casillas iniciaron su trayectoria dentro del Gobierno Federal en 1983 y que, durante los gobiernos priistas, trabajaron junto a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien posteriormente ocupó distintos cargos en administraciones emanadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con el gobernador, después de abandonar el servicio público, los hermanos comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, en un historial que, afirmó, registra antecedentes de controversias desde 1999 y 2005. A partir de entonces, sostuvo, se habría desarrollado una estructura de intereses empresariales que logró mantenerse a través de diferentes gobiernos y administraciones.
El mandatario aseguró que las investigaciones apuntan a una presunta red que habría operado durante más de 25 años y que entre 2014 y 2023 obtuvo contratos por más de dos mil millones de pesos, además de otros 646 millones de pesos correspondientes al periodo de 2024 a 2025.
Según el posicionamiento de Durazo, el mecanismo habría consistido en simular competencia entre empresas relacionadas entre sí y aprovechar los recursos públicos para favorecer intereses particulares, lo que, de confirmarse, representaría un esquema de irregularidades en la contratación de servicios por parte de organismos electorales.
Ante estos señalamientos, el gobernador manifestó su respaldo a la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de profundizar las investigaciones y exigió que se conozca toda la información sobre el caso, que las autoridades establezcan las responsabilidades correspondientes y que se aplique la ley sin privilegios ni encubrimientos.
En su pronunciamiento, Durazo también vinculó la controversia con los cuestionamientos dirigidos a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE) y a la propia institución, al considerar que existe una estrategia para trasladar a Morena la responsabilidad por las deficiencias históricas de los organismos electorales.
El gobernador sostuvo que las críticas contra la actual dirigencia del INE y contra el partido en el gobierno deben analizarse a partir de los antecedentes históricos de las instituciones electorales mexicanas. En ese sentido, hizo referencia a los procesos de 1988 y 2006, al señalar que esos organismos permitieron la continuidad de gobiernos priistas y panistas en la Presidencia de la República, respectivamente, pese a las controversias sobre la legitimidad de aquellos resultados electorales.
Durazo cuestionó que se pretenda responsabilizar a Morena por prácticas que, según su planteamiento, tienen antecedentes de varias décadas y que involucran a actores y estructuras de administraciones anteriores.
“Pretender trasladar a Morena la responsabilidad de las deficiencias históricas de una institución electoral es una maniobra política que busca dos objetivos: disputar el control de la institución y debilitar la credibilidad del proceso de transformación ante la ciudadanía”, sostuvo.
El mandatario agregó que las responsabilidades deben establecerse de manera individual y con base en los hechos, en lugar de atribuirlas a un movimiento político por prácticas que, de acuerdo con su exposición, se originaron mucho antes de su llegada al gobierno.
Finalmente, el gobernador de Sonora afirmó que la transformación política del país no puede permitir que estructuras presuntamente relacionadas con actos de corrupción continúen operando bajo nuevas apariencias, independientemente del momento en que surgieron o de los gobiernos durante los cuales se desarrollaron.
“La democracia no es un negocio. Y quien haya lucrado con ella, que responda ante la justicia”, expresó Durazo al fijar su postura sobre las investigaciones.
El mandatario concluyó que ninguna persona o grupo debe estar por encima de la ley y que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y evitar que los recursos públicos sean utilizados para favorecer intereses particulares.
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