Un juez determinó dar prisión preventiva al expresidente de Uruguay, Santiago Peña, ante la crisis financiera y política desatada por el colapso de Ueno Bank en Paraguay que escaló hasta los tribunales, luego de que la Fiscalía lo imputara formalmente por presuntos delitos económicos, en una investigación que también involucra al ex titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.
La solicitud fue presentada este sábado 7 de noviembre, después de que Peña compareciera ante el Ministerio Público para rendir su primera declaración como parte de la investigación por las presuntas irregularidades relacionadas con la intervención y posterior cierre de Ueno Bank.
La petición fue evaluada y concedida por un juez, quien determinó que procede la medida cautelar solicitada por los fiscales, por riesgo de fuga del ex mandatario.
De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, Peña enfrenta cargos por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor, en su modalidad agravada. Estos delitos contemplan penas que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión.
La acusación sostiene que, durante su administración, el entonces mandatario habría intervenido para colocar, renovar y mantener importantes cantidades de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, una institución financiera vinculada a un grupo empresarial con el que Peña habría mantenido relaciones económicas y corporativas previas.
Según la hipótesis de los investigadores, los depósitos de recursos pertenecientes a instituciones públicas y organismos previsionales se realizaron mientras la entidad financiera atravesaba problemas que posteriormente derivaron en su intervención por parte del Banco Central. La investigación también busca esclarecer las operaciones crediticias presuntamente irregulares realizadas por el banco con empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.
Uno de los elementos centrales del expediente es la relación que Peña mantuvo con Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenecía el banco. El exmandatario habría sido accionista de esa estructura corporativa hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación, según los señalamientos presentados durante el proceso político que terminó con su salida del poder.
La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, quien hasta hace unos días encabezaba el Banco Central del Paraguay. El exfuncionario fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía solicitó igualmente que sea sometido a prisión preventiva.
La caída de Peña comenzó con la crisis bancaria. El pasado viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo aprobó su destitución mediante un juicio político por «mal desempeño de funciones», en medio de los cuestionamientos por su actuación frente al colapso de Ueno Bank y los presuntos conflictos de interés relacionados con la institución.
Horas después de perder el cargo y los fueros que lo protegían como presidente, Peña fue detenido en su residencia particular en Asunción, donde quedó bajo custodia policial y a disposición de las autoridades. Su detención permitió que compareciera ante la Fiscalía para responder por los señalamientos que ahora sustentan la imputación formal.
La destitución también activó el mecanismo de sucesión presidencial. El exvicepresidente Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado el viernes, con la responsabilidad de completar el periodo de gobierno que concluirá en 2028.
El escándalo de Ueno Bank ha provocado una de las mayores crisis financieras y políticas recientes de Paraguay. La intervención de la entidad, anunciada a principios de noviembre por el Banco Central, se produjo después de que se detectaran graves problemas de solvencia que comprometían su operación.
El cierre de sus servicios afectó a aproximadamente 2.94 millones de clientes, entre ellos trabajadores, pensionados y usuarios de instituciones públicas que mantenían recursos depositados en el banco. La imposibilidad de acceder normalmente a los ahorros y otros fondos desató protestas, disturbios y manifestaciones en distintas zonas del país.
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La crisis también puso bajo la lupa las operaciones financieras de la institución, sus vínculos empresariales y la colocación de recursos públicos, mientras las autoridades comenzaron a instrumentar mecanismos para devolver parte de los depósitos a los ahorradores afectados.
Con la imputación de Peña y Carvallo, la investigación adquiere una nueva dimensión: ya no solamente alcanza a los antiguos directivos de la institución financiera, sino también a quienes ocuparon las máximas responsabilidades políticas y regulatorias durante el periodo en que se desarrollaron las operaciones cuestionadas.
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Fuente: Noticias Mundo – Proyecto Puente