El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este jueves un plan de acción para recuperar la integridad institucional y fortalecer la transparencia en sus procesos de contratación, luego de los señalamientos de presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.
La propuesta, consensuada por las 10 consejerías en funciones, contempla revisar contratos vigentes y anteriores, investigar posibles conflictos de interés y establecer nuevos mecanismos de vigilancia sobre los proveedores.
Entre las medidas planteadas destaca solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre posibles irregularidades relacionadas con las empresas proveedoras del Instituto, así como realizar verificaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además, se exigirá que todas las personas físicas y morales que participen en contrataciones entreguen información sobre su estructura administrativa, gerencial, socios y accionistas.
También se contemplan auditorías externas para detectar anomalías y valorar la rescisión de contratos cuando existan elementos legales que lo justifiquen.
El proyecto también propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión excepcional de la gestión financiera del INE correspondiente al periodo del 1 de enero al 25 de octubre de 2026, fecha en que concluyó la presidencia de Taddei.
Asimismo, se ordenará resguardar toda la documentación relacionada con adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, sin interferir en las investigaciones de las autoridades competentes.
Como parte del plan, se habilitará un mecanismo digital para recibir denuncias y reportes anónimos de trabajadores y ciudadanos sobre posibles irregularidades, con garantías de confidencialidad y protección contra represalias.
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También se analizará la posibilidad de incorporar proveedores internacionales y establecer convenios con la Secretaría de Economía para consultar información mercantil de las empresas participantes en las contrataciones.
El documento de 31 páginas será sometido a discusión y votación en sesión pública del Consejo General. De aprobarse, entrará en vigor inmediatamente y obligará a las distintas áreas del organismo a implementar las medidas, incluso aquellas que continúan encabezadas por funcionarios designados durante la administración de Guadalupe Taddei.
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