Una jueza federal concedió la suspensión definitiva al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en julio por presunta delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución impide que el procedimiento avance hacia la apertura del juicio oral mientras se resuelve el fondo de su demanda de amparo.
La medida fue concedida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México. La suspensión no cancela la acusación ni representa una resolución sobre la culpabilidad del exmandatario. La Fiscalía General de la República (FGR) puede continuar con las investigaciones complementarias, aunque el proceso permanece detenido antes de llegar a juicio.
La acusación: combustible importado en ferrotanques
La investigación señala a Ruffo Appel como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, compañía presuntamente relacionada con la importación ilegal de gasolina y diésel. La FGR sostiene que el combustible habría ingresado al país en ferrotanques mediante declaraciones aduaneras que no correspondían con el volumen real transportado, lo que habría permitido evadir impuestos y controles regulatorios.
Como parte de las indagatorias, las autoridades reportaron el hallazgo de 129 carrotanques en Coahuila con más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin documentación legal. La acusación también alude a 163 ferrotanques que habrían transportado más de 18 millones de litros de gasolina y diésel. La Fiscalía calcula un daño al erario de alrededor de 4 mil millones de pesos, cifra que forma parte de la imputación y no constituye una sentencia judicial.
Ruffo Appel ha sostenido que Ingemar realizaba trámites aduanales. La Fiscalía, por su parte, lo acusa de presunta participación en el esquema investigado, que también involucra a otras personas vinculadas con la empresa y a compañías que, según las autoridades, habrían facilitado las operaciones.
Ya había obtenido resoluciones favorables
El exgobernador ya había conseguido una suspensión contra la vinculación a proceso. En septiembre, un tribunal colegiado declaró infundada la queja presentada por la FGR contra aquella medida, por lo que se mantuvo el freno a la apertura del juicio oral mientras se resolvía el amparo.
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También obtuvo una resolución relacionada con el lugar donde cumple la prisión preventiva. El 26 de septiembre salió del penal de máxima seguridad del Altiplano y fue trasladado a Ensenada, Baja California, para continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, luego de que un juez consideró su edad —74 años— y sus problemas de salud.
El exmandatario permanece en su domicilio bajo custodia de la Guardia Nacional. La suspensión definitiva mantiene el procedimiento antes de la etapa de juicio oral, pero el fondo del amparo todavía deberá resolverse para determinar si se le concede la protección de la justicia federal contra la vinculación a proceso.
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